Una investigación de Diversity Development Consulting y el Colegio de Periodistas de Chile identifica agresiones, precariedad laboral y desconfianza en los mecanismos de denuncia, situaciones que comprometen el ejercicio periodístico y el derecho a la información. La violencia institucional, el hostigamiento laboral, el acoso sexual y la precariedad son algunas de las problema ticas que afectan a quienes ejercen el periodismo en Chile, según este, el Primer Estudio Nacional de Evaluación de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno, que se presentó en público en octubre recién pasado.
La investigación fue desarrollada bajo la dirección de Carla Rojas Neculhual, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y directora de la consultora. El estudio utilizó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, que contempló una encuesta nacional a 258 periodistas y la participación de otras 41 en entrevistas y grupos focales a profesionales de diversas áreas del periodismo.
“Las experiencias de violencia institucional, las agresiones de agentes del Estado, el hostigamiento judicial y la ausencia de respuestas efectivas de protección pueden generar temor, afectar la autonomía profesional y favorecer la autocensura. Esto no solo compromete la seguridad y la salud laboral de quienes ejercen el periodismo, sino también la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad de la democracia”, señaló Carla Rojas.
Hostigamiento y violencia en los espacios laborales
Los resultados evidencian prácticas persistentes de hostigamiento en los entornos laborales: el 66% de las personas encuestadas reportó exclusión de reuniones o espacios de decisión, mientras que el 61% señaló obstáculos para acceder a información necesaria para realizar su trabajo. Asimismo, el 45% identificó experiencias de humillación o ridiculización y el 43% reportó ataques a su reputación. Cerca del 60% declaró enfrentar asignaciones constantes de tareas o plazos imposibles de cumplir.
El estudio también identificó situaciones de violencia de género y acoso sexual. Un 21% de las personas encuestadas declaró haber presenciado situaciones de acoso sexual, mientras que un 17% manifestó incomodidad ante miradas persistentes u obscenas y otro 17%, ante contactos físicos no deseados. A estas situaciones se suman las agresiones provenientes de terceros: el 32% reportó agresiones verbales, el 28% humillaciones o ridiculizaciones y el 5% agresiones físicas.
Desconfianza en las denuncias y precariedad laboral
La respuesta institucional constituye otro foco de preocupación. Un 37% de las personas encuestadas manifestó desconfianza en que sus denuncias sean atendidas oportunamente, mientras que el 35% expresó dudas sobre la confidencialidad de los procedimientos. Además, el 35% señaló no haber recibido capacitación y el 24% dijo desconocer los mecanismos disponibles para denunciar.
La investigación también advierte sobre condiciones de precariedad laboral, como inestabilidad contractual, bajos salarios, sobrecarga de trabajo y jornadas extensas, factores que pueden afectar el bienestar y la salud mental de las y los periodistas. “Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas preventivos, garantizar protección frente a represalias y avanzar hacia procedimientos accesibles, oportunos y confiables”, sostiene el informe.
La dependencia jerárquica se agrega a situaciones que pueden dificultar la denuncia de estas experiencias.
Fortalecer la protección del periodismo
La presentación reunió a Antonia Orellana, periodista y exministra de la Mujer y la Equidad de Género; Moónica Maureira, periodista y experta de Chile ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI); Jorge Avilés, periodista y director de investigación del Observatorio del Derecho a la Comunicación, y Rocío Alorda, presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile. La actividad contó también con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, escuelas de periodismo, organizaciones gremiales, redes de periodistas y comunicadoras feministas, organizaciones de periodistas migrantes y otras entidades vinculadas a las comunicaciones.
“Los resultados abren un debate sobre las responsabilidades del Estado, los medios de comunicación, las instituciones públicas, las universidades y las organizaciones profesionales frente a las distintas formas de violencia que afectan al periodismo. El desafío es avanzar más allá del cumplimiento formal de protocolos, y garantizar una prevención efectiva con
mecanismos de denuncia confiables, condiciones laborales dignas, liderazgos responsables y medidas de protección frente a la violencia institucional, laboral y de género, pero sobre todo contra una cultura que naturaliza la violencia en el ejercicio del periodismo”, declaró Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
Proteger a quienes ejercen el periodismo es también defender la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y la democracia. El estudio constituye una línea de base para impulsar pol ticas públicas, fortalecer la prevención y promover transformaciones estructurales que permitan ejercer el periodismo en condiciones de seguridad, dignidad y respeto.
