Por Abraham Santibáñez M.
La ética, dice el Diccionario de la Lengua Española, es el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. En otras palabras, no es necesariamente algo que se puede imponer por la ley. Carece del imperio de las normas legales que rigen la vida en sociedad. Su fuerza, sin embargo, que es independiente de cualesquiera creencias religiosas o filosóficas, está respaldada fundamentalmente por la conciencia de las personas.
“La ética, escribió el Doctor en Filosofía Ricardo López, es una especie de arte de elegir lo que mejor conviene; se ocupa de lo que los seres humanos hacen responsablemente con su libertad…. La ética es una propuesta, es una invitación a pensar; sugiere sin imponer, apela a la inteligencia, es una oportunidad para la lucidez, un recurso para abordar y resolver conflictos”.
Lo anterior lo planteó el profesor López en el prólogo del libro “¿Ética periodística? ¡Ja, ja, ja!”. Su afirmación resume un aspecto esencial: la ética no se impone por ley, no se puede imponer por ley.
Es evidente, sin embargo, que la conciencia ética es cada vez más necesaria en el mundo de hoy, tan diferente del de Aristóteles, quien analizó por primera vez la trascendencia de la ética en la vida cotidiana. Vivimos tiempos de tecnologías extraordinariamente facilitadoras pero peligrosamente intrusivas. Avanzan con tal rapidez, que las leyes siempre van quedando atrás. En el siglo pasado, por ejemplo, las regulaciones legales nunca alcanzaron al automóvil; hoy ni siquiera logran atrapar a los scooter que invaden nuestras veredas. En la actualidad parece imposible poner freno a los fraudes informáticos, a las incursiones indebidas en la vida privada o en las conversaciones confidenciales, etc.
No cabe duda de que necesario generar leyes restrictivas y hace bien el Congreso en trabajar en ellas. Pero previamente se debería crear un clima adecuado favorable para imponer racionalmente su respeto, es decir, tener una mirada ética generalizada.
Es bueno que parte del castigo judicial a dos prominentes hombres de negocio haya sido imponerles clases de ética. Pero habría sido mejor que las recibieran durante sus años de universidad, como debería ser hoy para todos los profesionales del mundo de las finanzas o de cualquier otro ámbito moderno: medicina, derecho, ingeniería o pedagogía.
Lo mismo ocurre en el periodismo y la comunicación. Se olvida con frecuencia que la ley importa, pero antes que ella están los conceptos éticos. Al término de la dictadura se creó el Consejo Nacional de TV, cuyo objetivo es “velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena”. Conviene recordar que entonces se quiso hacer lo mismo con la radiodifusión, pero lo impidió una reacción generalizada en su contra. El Consejo de TV actúa como un ente estatal regulador -por ley- de la ética, lo que es en si una contradicción y como se ve en estos días, una fuente de controversia en torno a la libertad de expresión.
En la base misma de este debate se encuentra la gran preocupación de los comunicadores y de quienes creemos en la libertad como fundamento de la vida en democracia: el resguardo de la libertad de expresión.
Como expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 19), “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En la declaración de Chapultepec, suscrita por medios y numerosos gobiernos de la región, la Sociedad Interamericana de Prensa, precisó en marzo de 1994 algunos conceptos fundamentales sobre el ejercicio del periodismo y la comunicación:
“Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.
Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”.
Esta libertad, creemos muchos periodistas y personas e instituciones relacionadas con los medios, no se defiende adecuadamente ni de la mejor forma mediante leyes y reglamentos. La experiencia indica que es preferible lograr consensos generalizados en esta materia y pone en duda la idea recurrente en algunos sectores de que el “correcto funcionamiento” de los medios solo se puede garantizar mediante disposiciones restrictivas. A veces basta un cambio circunstancia de la opinión pública para que las leyes se endurezcan y apliquen de manera atentatoria a los grandes principios de democracia y libertad. La experiencia chilena a partir de 1973, bajo la dictadura es aleccionadora. Graves violaciones de los derechos humanos permanecieron ocultas, y por tanto sin castigo, por décadas debido a las restricciones impuestas a la prensa.
Cuando se creó el Consejo Nacional de TV no hubo un debate generalizado. Ello impidió pensar otras posibilidades más eficientes como el reforzamiento de los mecanismos de autorregulación de la ética. El Colegio de Periodistas se ha ocupado del tema desde sus orígenes y estableció su Tribunal de Ética y Disciplina, cuyo funcionamiento se ha ido perfeccionando con el tiempo. La Federación de Medios de Comunicación, por su parte, creó el Consejo de Ética prácticamente en el momento mismo del retorno de la democracia. Una tercera posibilidad, que se inició hace casi un siglo en Japón, ha tenido menos éxito entre nosotros: el ombudsman, o defensor del lector, una forma de autorregulación interna.
Hay quienes desconfían de los sistemas de autorregulación. Se teme que se imponga el espíritu corporativo, lo que ha ocurrido algunas veces. Pero, la historia de los mecanismos existente en el periodismo, demuestra que con el tiempo se ha consolidado su independencia y hay ejemplos reiterados al respecto.
El Doctor en Filosofía español, el profesor especializado en ética periodística Hugo Aznar es categórico: “Al igual que ya nadie cuestiona la necesidad de la formación intelectual y tecnológica de los periodistas, tampoco puede ponerse en duda la necesidad de que conozcan la ética y la deontología de la comunicación y, por consiguiente, los mecanismos de autorregulación que la hacen efectiva”.
El problema es que, por su carácter voluntario, hay flancos imposibles de cerrar. El Consejo Nacional de TV, más conocidos que los mecanismos mencionados, goza de prestigio, como lo demuestran las numerosas denuncias que recibe. Para muchos televidentes es el único modo de expresarse frente a cualquier exceso. Sorprendentemente, en sus comienzos, este Consejo se centró en temas menores, como las muchachas que se desnudaron el torso en un festival en Moscú. El interés actual por plantear denuncias habla bien de su labor y así lo percibe el público. Es indudable, sin embargo, que muchas veces priman ciertos intereses y valores de grupos particulares.
Lo fundamental, en todos los casos, deberían ser los principios compartidos: respeto de la dignidad de las personas y la búsqueda deliberada de la verdad en el periodismo. Y ello, ojalá, se protegiera habitualmente mediante el control de los propios pares más que por el peso de la ley.
