Por Abraham Santibáñez M.
El Gobierno sacó cuentas alegres de la gira presidencial a China y Corea del Sur. Su única autocrítica, aunque muy atenuada, apuntó a que, en reconocimiento de que “los estándares han cambiado”, Sebastián Piñera le pidió a la Cancillería la elaboración de “un protocolo, transparente, participativo y objetivo” para regular “la forma en que deben integrarse las delegaciones que acompañan al Presidente en sus giras internacionales”. Obviamente se quiere evitar nuevas críticas por la presencia de familiares en actividades oficiales.
En la misma declaración, fundamentó su postura enfatizando que “soy Presidente de Chile las 24 horas del día, los 365 días del año, y también soy marido, soy padre de 4 hijos, soy abuelo de 11 nietos. Y me siento muy orgulloso de Chile y también muy orgulloso de mi familia”. Esa sería la explicación frente a la criticada presencia de dos de sus hijos (no dijo por qué los otros dos no se subieron al avión, igual que los 11 nietos).
El punto neurálgico del debate fue la participación de los hermanos Piñera Morel en el encuentro con representantes de empresas tecnológicas en Shenzhen. Su presencia se consideró poco prudente debido a que Cristóbal es el creador de KauaiLabs.cl, una firma que -según señaló él mismo- podría haber sido confundida con Kauailbas.com, empresa de robótica de EE.UU.
El que la reunión fuera abierta no excusa el reproche ético en la medida que en el evento se podría haber entregado información fuera del alcance de cualquier chileno, además que, se posibilitaron contactos fundamentales para cualquier negocio. Más importante, sin embargo, es que el debate opacó otra polémica de fondo: las discutibles afirmaciones acerca del régimen chino.
El planteamiento presidencial de que “cada uno tiene el sistema político que quiera” contradice su campaña contra los regímenes no democráticos que violan los derechos humanos. Venezuela es el ejemplo más obvio. Pero China tampoco es un régimen democrático. El que sea un socio comercial importante no justifica ignorar este hecho. Tampoco cerrarle la puerta.
A lo largo de la historia, Chile ha mantenido una política internacional coherente basada en la defensa de la soberanía, los derechos humanos y la no intervención. Hay que reconocer que la dictadura de 1973-1990 nos obligó a cambiar, a lo que sumó el impacto de la globalización. Para enfrentar esta situación a fines del gobierno de Michelle Bachelet se dio a conocer un documento titulado “La Política Exterior de Chile 2030”.
Fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el aporte, según se dijo, de más de un centenar de expertos. Se propuso priorizar las relaciones con América Latina y el Caribe, modernizar los acuerdos comerciales y revisar el enfoque de la cooperación para el desarrollo. Adicionalmente se precisaban “las oportunidades al Asia Pacífico, (el) multilateralismo, materias de paz, democracia, derechos humanos y seguridad mundial” y se destacaba el compromiso de Chile con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.
En el gobierno de Sebastián Piñera, este trabajo pasó al olvido. En materia de Relaciones Exteriores, las ideas e intuiciones del presidente han marcado la agenda, incluyendo no pocas contradicciones.
