Por Abraham Santibáñez M
Las reacciones luego del contundente informe de Michelle Bachelet acerca de la situación de Derechos Humanos en Venezuela, resumen en forma precisa el polarizado nivel de la política en Chile.Algunos partidarios del gobierno, que reclamaban un pronunciamiento, lo encontraron tardío e insuficiente. El senador UDI Juan Antonio Coloma lo calificó de “debilucho”. Andrés Allamand comentó que “hay anteriores informes de la ONU que son mucho más categóricos”. Más cauto, el canciller Roberto Ampuero concedió que el informe “es un paso en la dirección correcta”.
Una parte de la oposición sigue alineada con el gobierno de Nicolás Maduro, pero morigeró las críticas. El Partido Comunista le bajó el perfil a la presentación realizada en Suiza el miércoles pasado. La calificó como un informe “preliminar” que aún debe completarse.
Nadie duda de que el resumen que hizo Michelle Bachelet como comisionada para los Derechos Humanos puede (y debe) ampliarse. Pero es imposible negar su contundencia, más aún si se considera las limitaciones propias del lenguaje diplomático. Por eso extrañó que previamente el Presidente Piñera señalara en Twitter que “no es tiempo de dudas o ambigüedades, sino de claridad y acción”. La referencia a la “acción” es problemática: desde la Guerra de Corea, la comunidad internacional no ha validado el empleo de la fuerza militar, lo que reiteró en Chile el Presidente de Colombia. Otra cosa han sido las acciones de países individuales como la invasión de Panamá (Estados Unidos, 1989) o Afganistán (Unión Soviética, 1978) o de alianzas al margen de la ONU como fue el caso en Irak y Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Es claro que en este contexto, la ONU no iba a aprobar una acción bélica. Pero podía, como lo hizo la Comisionada Bachelet, emitir un informe claramente condenatorio. Señaló: “Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual (en Venezuela) sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Profundizó más adelante el demoledor diagnóstico:
En Venezuela, “desde junio de 2018… el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados… Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.”
“La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico… simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”.
No es una visión halagüeña. Se comprende que el gobierno de Maduro rechazara el informe y culpara a “EEUU con sus acólitos regionales… de hablar de una supuesta crisis humanitaria”.
Es evidente que se trata de mucho más.
