Abraham Santibáñez M
El Diccionario de la Lengua Española, que ya no es privativo de la RAE, tiene ocho acepciones para la palabra “inteligencia”, la cual viene, según señala, del latín “intelligentia”. Se refieren las primeras a lo que entendemos habitualmente como inteligencia, empezando por la “capacidad de entender o comprender”. La octava posibilidad amplía el espectro a “servicio de inteligencia” que obviamente va más allá de una cualidad humana personal. Lo define como: “Organización del Estado que proporciona al poder ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defenderlos intereses nacionales”.
Pese a su claridad, esta última definición tiene mala prensa en Chile. Durante la dictadura, “inteligencia” fue sinónimo de espionaje interno, de herramienta de la represión en la cual la información de los eventuales enemigos internos se obtenía mediante el chantaje y la tortura.
En democracia, la imagen no ha mejorado. De lo que Pinochet quería dejar “atado y bien atado”, al decir de su colega Franco, parece que la “inteligencia” del régimen fue lo que le quedó mejor.
En meses recientes, inteligencia se convirtió en sinónimo, gracias a Carabineros, de fraude y mentira. Hoy sabemos más: inteligencia, entre uniformados, es más que nada, una herramienta para impedir la divulgación de información sobre cualquier tipo de abuso o corrupción. Pero, además, como se recalcó a propósito de la nula capacidad policial de prevenir bombazos terroristas, nuestros servicios de inteligencia no sirven “para prevenir o neutralizar amenazas”, como plantea el Diccionario.
Todo indica, en cambio, que sí se emplean los recursos que entrega el presupuesto a los uniformados, para el control interno. En esta materia, según una denuncia de La Tercera conocida el domingo pasado, en el Ejército se han realizado actividades ilícitas hasta hace poco: “Dos funcionarios activos y dos en retiro en 2017 fueron seguidos y sus comunicaciones intervenidas por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine). La Tercera accedió a documentos de esa operación. El Ejército respondió que las actuaciones de la Dine «son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial”.
Esta última afirmación no dice mucho frente a una grave acusación de que militares de Inteligencia del Ejército realizaron en 2017 una operación destinada a espiar a dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense. La razón es que “todos ellos (serían) denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército”.
Como si fuera poco, también se denunció un caso que afectaría al periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro “Traición a la patria”, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados telefónicos, interceptados.
La respuesta el Ejército, anotó el diario, no negó ni confirmó la denuncia. “La Dine depende del jefe del Estado Mayor General del Ejército y en materia de procedimientos relacionados con la inteligencia militar, contrainteligencia y seguridad militar, da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese”.
La aclaración no ha sido convincente. Tampoco lo fueron los intentos anteriores por explicar el “Milicogate”. La defraudación, investigada por la ministra Romy Rutherford, comprende todo el periodo en el que el general en retiro (r) Juan Miguel Fuente-Alba fue comandante en Jefe del Ejército. Aunque ya ha habido condenas, el caso se ha prolongado por la estrategia de los principales implicados que recurrieron incluso al Tribunal Constitucional confiando, al parecer, en que finalmente se cumpla el plazo por el cual fue designada la magistrada.
Distinto es lo ocurrido con la Operación Huracán de Carabineros y cuyo producto estrella era “Antorcha”. No hay una estimación de su costo en dinero, pero sí se sabe de un peritaje de la PDI -en que se examinaron los computadores incautados desde las oficinas de Inteligencia de Temuco y el notebook personal de Alex Smith, el civil que trabajó para esa unidad- concluyó de forma lapidaria que nunca hubo un software “Antorcha”.
Un balance provisional de estas situaciones -probablemente hay más en el fondo del baúl de la “inteligencia”- habla de un fabuloso derroche de recursos fiscales y, lo que es peor, de nulos resultados concretos. Entre ellos, sin duda, el más lamentable sigue siendo la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.
