Por Abraham Santibáñez M
Los hallazgos que ha hecho la ministra Romy Rutherford en el procesamiento del general Juan Miguel Fuente-Alba son tremendamente desoladores para quienes creemos en la igualdad y rechazamos cualquier privilegio arbitrario. Durante su gestión como Comandante en Jefe del Ejército (2010-2014), se mal usaron casi tres mil millones de pesos de “gastos reservados”. Reajustada por la inflación, la suma se eleva a cerca de tres mil quinientos millones de pesos.
Esta historia no es el único fraude que investiga el Poder Judicial en las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Según la ministra, el general Fuente-Alba se asignó un promedio de seis millones de pesos mensuales para gastos personales; doce millones mensuales en promedio para “funcionamiento y mantención” de su casa; 800 mil mensuales para “apoyo de ex comandantes en jefe”; y así, hasta llegar a un total de 31 ítems, ninguno de los cuales califica legalmente como “gasto reservado”. Los recibos, si los hubo, fueron triturados o incinerados.
La ley 19.863 sobre Gastos Reservados (2003) los limita severamente, restringiéndolos a los pagos de determinadas entidades “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado”. Las autoridades y servicios incluidos son: la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).
Quien debe fiscalizar su uso es la Contraloría. Pero no es tarea fácil, como reconoció el investigador Manuel Henríquez del “Observatorio.fiscal.cl”, proyecto conjunto de la Usach y la Fundación Contexto Ciudadano: “Con suerte el organismo contralor puede acceder a datos genéricos, que prácticamente impiden hacer algún tipo de control preventivo… Hay un riesgo importante de que estos fondos… sean malversados sin que se pueda prevenir o detectar oportunamente”.
Como resultado, cualquier desvío eventual de fondos reservados solo lo puede investigar a posteriori el Poder Judicial. Un caso que involucra directamente a un ex comandante en Jefe, es obviamente muy complejo. Pese a ello, la ministra Rutherford ha mostrado fortaleza personal y claridad judicial al abordarlo.
El jueves pasado, la Corte Marcial rechazó un recurso de la defensa del general Fuente-Alba. Se alegaba que no se hubiera permitido en un interrogatorio la presencia de los abogados del general. Según el fallo. “podrá estimarse anacrónico tal proceder, pero nunca como constitutivo de alguna ilegalidad”.
La resolución refuta, además, la afirmación de que los interrogatorios habían sido muy largos y sin que el general se pudiera alimentar debidamente. Se remite la Corte a “las actas de sus declaraciones, en todas las que se consignó expresamente que se le ofreció alimentación y bebidas durante el curso de la diligencia”. A fin de cuentas, se rechazaron las alegaciones y se mantuvo la detención del general.
En otras palabras, pese a las dificultades del caso, no hay reproches.
